Gustavo Duch GuillotVeterinarios Sin Fronteras
Víctor Maeso i AztarainSETEM-Catalunya
Mónica Vargas CollazosObservatori del Deute en la Globalització
22 de julio de 2008
En el contexto actual de una crisis energética a nivel global y ante la búsqueda de alternativas en este sector, resultada realmente preocupante que se sigan diseñando proyectos con un total desdén de los impactos sociales y ambientales, peor aún si se trata de vulnerar los derechos de los más empobrecidos. Tal es el caso del Complejo Hidroeléctrico del Rio Madera en la Amazonía boliviano-brasileña. El Complejo proyecta la construcción de una hidrovía de 4.200 km de largo que hace posible la navegación de grandes embarcaciones en los Ríos Madera, Madre de Dios y Beni. Se trata también de aprovechar el potencial de generación eléctrica a partir de estos caudalosos ríos, mediante cuatro represas hidroeléctricas con esclusas para la navegación. Los estudios proponen la construcción de las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el tramo entre las localidades brasileñas de Abuná y Porto Velho. En términos de capacidad de generación, la represa de Santo Antonio producirá 3.150 MW y la de Jirau, 3.300 MW. Ambas han sido licitadas y la primera se encuentra en fase de preparación. El costo total de las dos represas alcanza los 16.000 millones de dólares. El Banco Santander Central Hispano (BSCH) ha ganado, junto al banco portugués BANIF, la subasta de la presa de Santo Antonio. La tercera central hidroeléctrica se encuentra en un estado mucho menos avanzado. Aprovecharía el desnivel de algo más de 20 metros que existe en el tramo binacional Abuná-Guayaramerín. A su vez, la cuarta represa hidroeléctrica del Complejo se situaría en territorio boliviano, en las inmediaciones de la localidad de Cachuela Esperanza, y generaría del orden de 800 MW. Resulta evidente que las represas están pensadas para el desarrollo industrial de la región, puesto que Bolivia en su totalidad, tiene un consumo que no llega a los 1000 MW.
Queremos recordar aquí que a pesar de su carácter conservador, el Informe Final de la Comisión Mundial de Represas (CMR), conformada por representantes de la industria de las represas y de los movimientos anti-represas causó gran repercusión en el año 2000. Constituyó una clara denuncia de los impactos sociales y ambientales, así como de la ineficiencia que han tenido estas megainfraestructuras a nivel mundial. La CMR estimó que la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, y que los principales afectados eran los grupos más pobres y vulnerables. En septiembre de ese mismo año, St. Louis et al. publicaron un artículo en la Revista Bioscience donde observaban que las emisiones de los embalses constituían 7% del impacto total del calentamiento global debido a la emisión de metano y dióxido de carbono causado por la descomposición de plantas acuáticas, algas y materia orgánica, sobre todo en las zonas tropicales. Y en lo que refiere al rendimiento, la CMR afirmó que las represas frecuentemente no alcanzan los objetivos de rendimiento y que de las 63 grandes represas que había examinado, el 55% generaba menos energía de la que había sido proyectada. 
Fuente: BICECA (2008). “Megaproyecto: Conjunto de Sub-proyectos Complejo Rio Madera” (http://www.biceca.org/es/Project.Overview.138.aspx#Biblioteca)
El conjunto de impactos sociales y ambientales del Complejo del Río Madera han llevado a la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Pando (Bolivia), a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia y al Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo a presentar una demanda conjunta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el gobierno de Brasil el 5 de diciembre de 2007. Por otra parte, el 28 de junio de 2008, en una reunión binacional en la ciudad de Riberalta (Bolivia), la Federación deTrabajadores y Campesinos de la Provincia de Vaca Diez (Bolivia), la Central Indígena de Guajaramerín (Brasil), la Central Indígena de la Región amazónica de Bolivia (Bolivia), OITA, CIPOAP y el Movimiento de Afectados por Represas (Brasil), se declararon en estado de emergencia.
Víctor Maeso i AztarainSETEM-Catalunya
Mónica Vargas CollazosObservatori del Deute en la Globalització
22 de julio de 2008
En el contexto actual de una crisis energética a nivel global y ante la búsqueda de alternativas en este sector, resultada realmente preocupante que se sigan diseñando proyectos con un total desdén de los impactos sociales y ambientales, peor aún si se trata de vulnerar los derechos de los más empobrecidos. Tal es el caso del Complejo Hidroeléctrico del Rio Madera en la Amazonía boliviano-brasileña. El Complejo proyecta la construcción de una hidrovía de 4.200 km de largo que hace posible la navegación de grandes embarcaciones en los Ríos Madera, Madre de Dios y Beni. Se trata también de aprovechar el potencial de generación eléctrica a partir de estos caudalosos ríos, mediante cuatro represas hidroeléctricas con esclusas para la navegación. Los estudios proponen la construcción de las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el tramo entre las localidades brasileñas de Abuná y Porto Velho. En términos de capacidad de generación, la represa de Santo Antonio producirá 3.150 MW y la de Jirau, 3.300 MW. Ambas han sido licitadas y la primera se encuentra en fase de preparación. El costo total de las dos represas alcanza los 16.000 millones de dólares. El Banco Santander Central Hispano (BSCH) ha ganado, junto al banco portugués BANIF, la subasta de la presa de Santo Antonio. La tercera central hidroeléctrica se encuentra en un estado mucho menos avanzado. Aprovecharía el desnivel de algo más de 20 metros que existe en el tramo binacional Abuná-Guayaramerín. A su vez, la cuarta represa hidroeléctrica del Complejo se situaría en territorio boliviano, en las inmediaciones de la localidad de Cachuela Esperanza, y generaría del orden de 800 MW. Resulta evidente que las represas están pensadas para el desarrollo industrial de la región, puesto que Bolivia en su totalidad, tiene un consumo que no llega a los 1000 MW.
Queremos recordar aquí que a pesar de su carácter conservador, el Informe Final de la Comisión Mundial de Represas (CMR), conformada por representantes de la industria de las represas y de los movimientos anti-represas causó gran repercusión en el año 2000. Constituyó una clara denuncia de los impactos sociales y ambientales, así como de la ineficiencia que han tenido estas megainfraestructuras a nivel mundial. La CMR estimó que la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, y que los principales afectados eran los grupos más pobres y vulnerables. En septiembre de ese mismo año, St. Louis et al. publicaron un artículo en la Revista Bioscience donde observaban que las emisiones de los embalses constituían 7% del impacto total del calentamiento global debido a la emisión de metano y dióxido de carbono causado por la descomposición de plantas acuáticas, algas y materia orgánica, sobre todo en las zonas tropicales. Y en lo que refiere al rendimiento, la CMR afirmó que las represas frecuentemente no alcanzan los objetivos de rendimiento y que de las 63 grandes represas que había examinado, el 55% generaba menos energía de la que había sido proyectada.
Localización de las represas hidroeléctricas del Complejo del Río Madera en Brasil y Bolivia.
Fuente: BICECA (2008). “Megaproyecto: Conjunto de Sub-proyectos Complejo Rio Madera” (http://www.biceca.org/es/Project.Overview.138.aspx#Biblioteca)En el caso del Rio Madera, las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que van a entorpecer sin duda la viabilidad del proyecto Rio Madeira. En marzo de 2007, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales denegó la licencia medioambiental al proyecto debido a la “ausencia de control medioambiental y a la existencia de información contradictoria” del estudio presentado por el consorcio Odebrecht-Furnas, ya que no contemplaba todo el territorio afectado por el proyecto ni los impactos en las comunidades indígenas. En la actualidad, hay organizaciones brasileñas que están utilizando la vía judicial para luchar contra estas irregularidades. Entre los graves impactos sociales y ambientales que implica la implementación de estas megainfraestructuras, podemos citar en primer lugar, el hecho de que se ponga en peligro una de las zonas de más alta biodiversidad de América del Sur. Asimismo, cabe recordar que el Proyecto implicaría la inundación de territorios indígenas y campesinos, y por tanto el desplazamiento de 10.000 personas en el lado brasilero. A su vez, en las riberas bolivianas, se estima que 1.400 familias serán afectadas por la construcción de las represas. En su mayoría son comunidades indígenas Chácobo, Tacana, Esse Ejja, Cavineñas, Machineri, Joaquinianas, Toromonas, Yaminahua e integrantes de un pueblo indígena no contactado, el pueblo Pacahuara. De ambos lados de la frontera, se producirían impactos sobre la pesca, actividad que permite la supervivencia de 2.4000 pescadores. Finalmente, no se puede ignorar que la zona afectada potencialmente por las represas es una de las zonas con más enfermedades como la malaria y el dengue en la región amazónica. La inundación y el consecuente estancamiento de las aguas posibilitará el aumento considerable de estas enfermedades.
El conjunto de impactos sociales y ambientales del Complejo del Río Madera han llevado a la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Pando (Bolivia), a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia y al Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo a presentar una demanda conjunta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el gobierno de Brasil el 5 de diciembre de 2007. Por otra parte, el 28 de junio de 2008, en una reunión binacional en la ciudad de Riberalta (Bolivia), la Federación deTrabajadores y Campesinos de la Provincia de Vaca Diez (Bolivia), la Central Indígena de Guajaramerín (Brasil), la Central Indígena de la Región amazónica de Bolivia (Bolivia), OITA, CIPOAP y el Movimiento de Afectados por Represas (Brasil), se declararon en estado de emergencia.Nos estamos refiriendo también a una región que ya ha sufrido importantes inundaciones actualmente debido a los desajustes causados por el cambio climático y que han tomado la forma del “Fenómeno de La Niña”. Al respecto, cabe señalar que dichas inundaciones se sitúan principalmente en zonas del Departamento del Beni donde se han llevado a cabo actividades de deforestación para dar paso a actividades de ganadería intensiva, y a monocultivos de soja y de caña de azúcar. Las regiones donde no ha habido deforestación, y donde se ha mantenido los cauces de los ríos libres son aquellas donde menos inundación ha habido (Departamento de Pando). El Complejo Hidroeléctrico se sustenta, tal y como lo afirman sus principales defensores, en una perspectiva de desarrollo industrial de la región que incluye la extensión de los monocultivos y la consecuente eliminación de la cobertura forestal.
La importancia de los impactos negativos en términos sociales y ambientales llevó
de hecho en un primer momento, al gobierno boliviano a emitir una serie de cuestionamientos y “dudas razonables” que no fueron respondidas de manera adecuada por el gobierno brasileño. No obstante, la actual postura del gobierno boliviano parece tender hacia la aceptación del Proyecto en su totalidad. En efecto, anunció el día 18 de julio que impulsará la construcción de la represa de Cachuela Esperanza. Ya es hora de que las autoridades del Estado español demuestren una actitud coherente y apliquen políticas de cara a la responsabilidad exterior de las empresas españolas. Desde la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, SETEM y Veterinarios Sin Fronteras alertamos al público sobre este preocupante caso (más información en http://www.finanzaseticas.org/) y protestamos ante un financiamiento social y ambientalmente irresponsable en el cual participa el BSCH, la principal entidad bancaria del Estado español.
de hecho en un primer momento, al gobierno boliviano a emitir una serie de cuestionamientos y “dudas razonables” que no fueron respondidas de manera adecuada por el gobierno brasileño. No obstante, la actual postura del gobierno boliviano parece tender hacia la aceptación del Proyecto en su totalidad. En efecto, anunció el día 18 de julio que impulsará la construcción de la represa de Cachuela Esperanza. Ya es hora de que las autoridades del Estado español demuestren una actitud coherente y apliquen políticas de cara a la responsabilidad exterior de las empresas españolas. Desde la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, SETEM y Veterinarios Sin Fronteras alertamos al público sobre este preocupante caso (más información en http://www.finanzaseticas.org/) y protestamos ante un financiamiento social y ambientalmente irresponsable en el cual participa el BSCH, la principal entidad bancaria del Estado español.Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalizacion. http://www.odg.cat/es/inicio/comunicacio/5_deute.php?id_pagina=5&id_butlleti=&id_deutes=232
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